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El colectivo de los autónomos, que arriesga su propio patrimonio personal, ha sido el primer damnificado de la pésima situación económica
Según un estudio de Seguros Coface, las disoluciones de empresas en España aumentarán un 22% entre el año 2020 y el año 2021 con motivo del impacto económico provocado por la crisis sanitaria de la pandemia mundial de la COVID-19. Con ello, y a pesar del despegue que ha tenido la economía en las primeras semanas posteriores al confinamiento, existirá una segunda fase de crecimiento moderado e irregular que impedirá a la economía española alcanzar sus niveles previos a la citada pandemia. Es decir, la economía no podrá absorber a los millones de personas que están en Erte o parados, habrá menor demanda de bienes y servicios, se desplomará el PIB, faltará liquidez y disminuirá la actividad comercial. Los beneficios de los negocios se resentirán y muchos de ellos tendrán que cerrar después de una crisis, la del coronavirus, larga y profunda. Y, como casi siempre, el colectivo de los autónomos, que arriesga su propio patrimonio personal, será el primer damnificado de esta pésima situación económica.
Sin embargo, los autónomos, muchos de ellos insolventes y que ya se han declarado en quiebra, todavía cuentan con una solución a sus problemas, la Ley de la Segunda Oportunidad.
No en vano, la Ley de la Segunda Oportunidad, que fue aprobada en el año 2015 para ofrecer una salida legal a los empresarios, autónomos y consumidores que se vieran imposibilitados a pagar sus deudas ni aunque pudieran liquidar sus bienes, ha visto exponencialmente aumentado su funcionamiento tras la llegada de la pandemia después de una lenta consolidación y normalización en nuestro país, muy alejada de su implantación desde hace décadas en la mayoría de países europeos y de su existencia, con sus diferencias obvias, en Reino Unido y Estados Unidos desde 1704 y 1898, respectivamente. De hecho, según los expertos, el incremento de la Ley de la Segunda Oportunidad se disparará en lo que queda de este año y en el próximo después de que el año pasado se dieran ya 6.236 concursos de personas físicas en el territorio español, un incremento del 99% en los concursos cursados por empresarios y autónomos y del 55% en el caso de los concursos protagonizados por consumidores.
Para aquellos que todavía no sepáis lo que es la Ley de la Segunda Oportunidad, un procedimiento por el que se puede lograr el perdón judicial de las deudas pendientes para todos los que hayan intentado llegar a un acuerdo con los acreedores, se hayan declarado en concurso y hayan liquidado sus bienes, se trata de un proceso rápido y con una tasa de éxito muy alta en el que las personas que no puedan hacer frente a unas deudas inasumibles pueden acogerse al Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) o al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) tras un trámite sencillo que en última instancia, según determinados requisitos y condiciones, desemboca en la Segunda Oportunidad, la exoneración definitiva o provisional de sus deudas para poder volver a empezar sus vidas desde cero.
Sin duda, una gran inyección de optimismo salvavidas en forma de ley para todos aquellos autónomos que, una vez más, por desgracia, han visto hundirse sus negocios en primer lugar cuando la pandemia del coronavirus se ha hecho presente en nuestras vidas.
